ANÁLISIS / ANDRÉS DONOSO ROMO (CHILE)

Como sociedad estamos renunciando a pensar la educación como herramienta para el bien común

Mientras el estallido social en Chile sigue conmoviendo al mundo, ya son 15 las víctimas fatales y se cuentan por miles los detenidos. El investigador y docente de la Universidad de Chile y la Universidad de Playa Ancha, especialista en la historia del movimiento estudiantil, analiza en esta columna exclusiva para PRIU, desde el prisma educativo, las causas y lo hechos que colocan a su país en "los límites del modelo neoliberal".

En los últimos días Chile ha sido profundamente sacudido por un estallido social que, aunque tuvo como protagonista en sus orígenes al estudiantado secundario, hoy lo trasciende con creces hasta involucrar a la totalidad de las instituciones y actores del país. A modo de recuento, la semana pasada (la del lunes 14 de octubre) se sucedieron algunas protestas estudiantiles en contra del último incremento de la tarifa del metro (subte) de la capital. Era un aumento exiguo, pues el pasaje solo se elevaba desde los 800 a los 830 pesos, pero fue suficiente para funcionar como la gota que rebalsó el vaso de la paciencia social. Un descontento que se venía acumulando desde que comenzó a imponerse, primero por la fuerza de las armas, luego mediante una democracia de baja intensidad, el ordenamiento neoliberal.

En los últimos días (a partir del viernes 18 de octubre) esa protesta se esparció por todo el país y los diagnósticos que nos podrían ayudar, primero a entender y luego a enfrentar esta situación, todavía no se encuentran cristalizados. La mirada del gobierno insiste en ver esto como un tema delictual, argumentando que el vandalismo creció hasta tal punto que el único camino posible es la militarización del país. La mirada “popular”, todavía sin una vocería o conducción socialmente legitimada, entiende que por detrás del estallido hay, precisamente, un cúmulo de problemas sociales no resueltos. En el marco de esta última posición se inscribe este balance.

En cada uno de los campos del quehacer nacional, sea en la esfera política, en la economía, en la social u otra, uno podría enumerar una serie de abusos, irregularidades y sinsentidos que, desde hace varias décadas, vienen contribuyendo a colmar el vaso de la paciencia. En educación, por ejemplo, una tras otra las políticas sectoriales han venido transformando al sistema educacional en un mercado. ¿Qué significa esto? Que la población solo accede a las instituciones educacionales que alcanzan a pagar y, lo que es más grave, que como sociedad renunciamos a pensar la educación como herramienta capaz de contribuir al bien común. Esto significa, en concreto, que los estudiantes de los sectores populares acceden a establecimientos educacionales donde se invierte un cuarto de lo que se destina a los de los sectores dirigentes, con el consecuente abismo en materia de calidad, y lo más sorprendente de todo es que esta situación parece no ser evaluada como un problema. Es más, me parece que para gran parte de la población, incluida una parte significativa de los/as especialistas en asuntos educacionales, dicha inequidad ni siquiera es vista, constituyéndose en una suerte de punto ciego de las distintas variantes del pensamiento neoliberal.

Las principales protestas estudiantiles de las últimas décadas en el país – 1987, 1997, 2006 y 2011– han tenido en su base un descontento social de tipo económico o material. Ellas han respondido a problemas con la infraestructura de los establecimientos educacionales, a irregularidades en la entrega de becas de alimentación, a falta de financiamiento para las instituciones públicas y un largo etcétera. En cada una de estas movilizaciones el gobierno de turno dijo que iba a atender las demandas pero, en la práctica, no hizo más que distender un poco el descontento social con medidas accesorias, es decir, sin atender el fondo de los conflictos. En 2011, por ejemplo, mientras el estudiantado pedía gratuidad y fin al lucro en la educación superior, dos demandas en línea con la exigencia por justicia social que hoy predomina, el gobierno se limitó a implementar becas para que el estudiantado de los quintiles más pobres pudiera estudiar. ¿Es esto gratuidad? ¿Es esto acabar con el lucro? Para traerlo nuevamente a los códigos actuales ¿Es esto aportar a la justicia social? No, lo único que se hizo fue empujar el problema un poco para adelante. El mismo problema que hoy, por unas pocas monedas, nuevamente tenemos justo en frente de nuestras narices.

 

El problema, en Chile, es de justicia social. Si hasta el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en 2017, advirtió que pese a los innegables logros económicos conseguidos en el país la brecha entre pobres y ricos no ha parado de aumentar. Pero ese no es el único problema. Lo más grave, me temo, es que el gobierno, el mismo que fue elegido por la mayoría de la población, es un promotor confeso del ordenamiento neoliberal y, por lo mismo, es incapaz siquiera de verbalizar la palabra “equidad”. Para el neoliberalismo, como enseña el sociólogo Manuel Antonio Garretón, la desigualdad no solamente no es un asunto problemático, ella es el motor de esa competencia que hace que modelo funcione, ella es, en último término, algo que deberíamos valorar y fomentar. Cabe precisar, a su vez, que después de varias décadas de gobiernos neoliberales uno percibe que hay matices entre ellos. Hay un neoliberalismo de izquierda, con rostro humano, el de esa “exitosa” Concertación –el de esos gobiernos “progresistas” que recientemente conocieran tantos países latinoamericanos–, que orientó su agenda a atenuar los problemas sociales –aunque sin alterar los pilares estructurales del ordenamiento–, lo que significa que podía hablar de equidad –aunque al final uno pueda dudar del fondo de sus intenciones–. Y hay un neoliberalismo de derecha, el mismo que fue impuesto en dictadura y que ha sido defendido abiertamente por los dos gobiernos liderados por Sebastián Piñera, el cual enfoca sus esfuerzos en ampliar la agenda privatizadora al máximo y que, en situaciones de crisis como la actual, poco tiene que ofrecer además de militares.

El desafío de Chile es enorme, nuevamente nos encontramos de frente con los límites del neoliberalismo, con una población que con justa razón quiere ver que el país pase de ser una empresa, una sociedad anónima, a una gran familia, una nación, pero también con un gobierno que es incapaz de entender que la desigualdad es un problema. Los grandes remezones sociales que en el pasado desafiaron al neoliberalismo habían sido protagonizados por movimientos sociales, es decir, habían sido soportados por un denso entramado organizacional que levantaba petitorios, programas y vocerías socialmente legitimadas, hoy, en cambio, lo que tenemos es un estallido social con cientos de miles manifestantes a lo largo del país, pero también con múltiples expresiones de violencia –provenientes de diversos actores– que no dejan mucho margen para experimentos. Lo que se necesita es un horizonte de justicia social, un proyecto en el que podamos creer, un programa que nos haga nuevamente sentir que cada persona de esta sociedad es igualmente importante. ¿Y qué tenemos? Miles de manifestantes expresando sus ansias de justicia social, un gobierno que ni siquiera tiene dentro de su vocabulario la palabra “equidad” y miles de militares en las calles, es decir, una sociedad que se enfrenta a los límites del sistema neoliberal.

 

 


 
 

 

 

(Andrés Donoso Romo, 22.10.19)

 

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